“Si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos (sic) lamentando su muerte”.
Con ese argumento jurídico la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la capital de Colombia, responsabilizó a la propia víctima de su trágico destino, del brutal crimen que hizo marchar a miles de colombianos y que cuatro años después sigue anclado en la memoria colectiva.
Lo que la entidad gubernamental afirmaba con ese razonamiento es que si la colombiana de 35 años no hubiera tomado esa decisión el 23 de mayo de 2012, su compañero de estudios Javier Velasco no la habría conducido a una zona oscura del Parque Nacional de Bogotá, ni la habría violado, torturado y empalado.
Y como consecuencia, no habría muerto en el hospital cuatro días después, con las entrañas desgarradas por la rama que utilizó para violarla.
“Todos sabían que (Javier Velasco y Mauricio Ariza, el primero condenado a 48 años de cárcel por el crimen y el segundo exculpado) tenían comportamientos raros y los tildaban de malosos”, se lee en el documento firmado por la abogada Luz Stella Boada y sacado a la luz por el diario colombiano El Espectador.
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