El estudiante José Saldivia, preso desde el 5 de julio en EL Dorado, en Bolívar, fue diagnosticado con paludismo. La Sociedad Venezolana de Salud Pública denunció que se registraron 180.000 casos autóctonos de malaria durante el primer semestre de este año y el estado Bolívar encabeza la lista de las 14 entidades con transmisión de la enfermedad.
El joven convulsionó debido a la fiebre, tiene la piel amarillenta, sufre fuertes dolores de cabeza y escalofríos incontrolables, indicaron familiares que recibieron un mensaje de texto anónimo, el lunes en la noche, con el que conocieron el estado de salud del estudiante de Seguridad Industrial del Instituto Tecnológico Antonio Ricaurte de Maracay, detenido por funcionarios de seguridad, no identificados, el 2 de julio, con otras 25 personas en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en Maracay, durante las protestas, cuando pernoctaban “para proteger la institución de los colectivos”. Dos días después fueron presentados ante el Tribunal Militar 5° de Control del estado Aragua, a cargo del juez Edgar Volcanes, quien privó de libertad a los jóvenes. A las mujeres les dieron casa por cárcel y al resto fue dividido entre El Dorado y la 26 de Julio, en San Juan de los Morros.
“Fue una maldad de este juez y del gobierno mandar a estos muchachos a El Dorado. No les han hecho audiencia preliminar, no tienen decisión y si alguno quisiera irse del país, no puede”, indicó Zuleima Siso, coordinadora de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Aragua.
Los 22 jóvenes permanecieron aislados durante 30 días. El fin de semana pasado sus parientes lograron verlos por primera vez en un mes. En el caso de Saldivia, de 27 años de edad, su madre constató que presentaba un cuadro febril. Los abogados no han tenido acceso a ellos; solo la defensa de Abraham Quiroz, de 19 años de edad, que estuvo complicado de salud como consecuencia de los golpes que recibió cuando fue detenido.
También se conoció que otros de los recluidos en El Dorado, Alexis González, de 24 años de edad, estudiante de Educación Física y presidente de la Federación de Centros Universitario de la UPEL-Maracay, presentó síntomas de paludismo, pero hasta ayer no habían confirmado el contagio.
Un llamado al corazón. Parientes y abogados miembros del Foro Penal Venezolano (Aragua) solicitaron una medida humanitaria ante el tribunal militar que lleva el caso, para que le cambien el sitio de reclusión debido al estado de salud del estudiante.
“Mañana (hoy) hay una reunión entre los abogados defensores y el juez que lleva la causa. Tengo esperanza que de ese encuentro podamos tener la libertad de estos muchachos, porque no hay ninguna prueba que cometieron delitos”, manifestó Raúl López Sayago, rector de la UPEL.
Una comisión de familiares y abogados viajó ayer hasta el centro penitenciario para entregar medicamentos y constatar la salud de los estudiantes que, pese a que no han sido acusados ni condenados, se encuentran en cárceles comunes expuestos a contraer otros tipos de enfermedades debido al sitio y las condiciones de reclusión. Parientes denunciaron que los jóvenes comen a deshoras y a veces ingieren alimentos descompuestos.
AN citará a Tarek William Saab
La plenaria de la Asamblea Nacional acordó ayer citar Tarek William Saab, en su calidad de defensor del pueblo, para interpelarlo en relación con el informe publicado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que denuncia un “uso de la fuerza extendido y sistemático contra los manifestantes” en Venezuela. Aunque fue nombrado por la constituyente como fiscal general, el Parlamento no reconoce ese nombramiento y se acoge al cargo que le asignó el Poder Legislativo en 2014.
En la sesión de ayer, los diputados escucharon varios testimonios de víctimas de la represión. Zulimar Villegas, madre de César David Pereira, asesinado por un PNB en Anzoátegui el 27 de mayo, pidió protección para su familia y justicia para César: “Que mi hijo no quede como un número más”.
Alí Guerrero, hijo de Eleazar Guerrero, dirigente comunitario de El Valle, procesado ante un tribunal militar, denunció amenazas por parte del Sebin. Y Deivis Guillén, herido de perdigones en un ojo el 31 de mayo, expresó: “No salí a protestar para enfrentarme a nadie, salí porque veo niños comiendo de la basura en vez de estar en la escuela y porque prefiero protestar que irme del país”.
Los parlamentarios disertaron sobre el referido informe de la ONU –publicado el 8 de agosto– y acordaron remitir la grabación y el acta de la sesión junto con un informe de víctimas de la represión, presentado por la Comisión de Política Interior, a la oficina del Alto Comisionado para nutrir el reporte sobre Venezuela.
