La mañana de este martes el Fiscal General de la República que fue impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció que fue detectado un desfalco en el Centro Refinador Paraguaná (CRP) de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por el que fueron detenidas cuatro personas, entre ellas el vicepresidente de la estatal petrolera, Jesús Enrique Luongo.
“Hemos develado una nueva de trama de corrupción. Gerentes de Pdvsa se asociaron con empresarios para desfalcar al Centro de Refinación de Paraguaná”, explicó Saab en rueda de prensa desde el auditorio del Ministerio Público. Fuentes policiales indicaron que en horas de la tarde del lunes Luongo se presentó junto su abogada a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Punto Fijo. El directivo de la principal industria del país llegó caminando y sin custodia policial.
Saab indicó que el Centro de Refinación Paraguaná firmó un contrato con la empresa Espidel Espinoza Delgado, C.A, para comprar lo que él mismo producía. “La estatal venezolana vende el diesel a la empresa Distribuidora de Combustible Falcón, que su a vez le vende a Espidel a un precio de 6,90 bolívares por litro. Espidel, según los términos del contrato, lo suministraba en marzo de 2016 a Pdvsa a 207,34 bolívares por cada litro, obteniendo una ganancia de 431.858,33 %, por la venta de un producto que es producido por el propio centro de refinación”, detalló.
Por el caso fueron solicitadas cinco órdenes de aprehensión, y se ejecutaron cuatro: Luongo, quien se desempeñaba como vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de Pdvsa; Kheila Gatica, analista de Estimación de Costos del CRP; Lexy Briceño, gerente de Servicios Técnicos y Apoyo del CRP, y José Espinoza, presidente de Espidel.
Saab señaló que como resultado de las investigaciones se comprobó que Kheyla Martínez, superintendente de Estimación de Costos, huyó del país en diciembre de 2017, razón por la que fue solicitada la alerta roja a Interpol. “Además de la órdenes de aprehensión se ha procedido a la incautación de bienes producto de los citados hechos de corrupción, y se aspira que una vez haya sentencias firmes, se produzcan las demandas civiles para repatriar el dinero robado a la nación”, explicó.
