Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, anunció sus primeros pasos al frente del Ministerio Público, entre los que se encuentran abrir investigaciones sobre el uso de menores de edad en manifestaciones, reabrir los expedientes de violencia en las protestas, revisar las causas de civiles en la jurisdicción militar y la reestructuración de la Fiscalía donde aseguró que existen “indicios” de una red mafiosa de extorsión.
“Hemos decidido revisar las causas abiertas que pudieran ser consecuencia de delitos o crímenes de odio”, anunció y criticó la gestión de la fiscal Luisa Ortega Díaz, que calificó de tener “graves falla” en las investigaciones.
Informó que el Ministerio Público iniciará investigaciones sobre “la aberrante utilización de niños y adolescentes” durante las manifestaciones registradas desde el 1° de abril de este año. También pondrá en marcha nuevas “investigaciones penales que no fueron abiertas en su momento oportuno”, en materia de delitos ambientales por la tala de árboles en el contexto de las protestas.
Mafias y fallas. Durante una rueda de prensa, señaló que halló indicios de una red de mafia de chantaje y extorsión en la Fiscalía, dedicada a tarifar en dólares la posibilidad de imputar o no, cesar causas o distribuir un expediente.
“Vamos a revisar la pertinencia de 250 cargos directivos y de jefaturas de distintos niveles”, manifestó. Aseguró que a esas personas las pondrá a la orden de los tribunales y que expondrán públicamente los nombres y apellidos de los individuos “para que todo el pueblo y la nación venezolana lo sepa”.
Informó que han nombrado sustitutos a todos los altos cargos destituidos y que ya hay designados nuevos fiscales en cuatro estados del país. Dio a conocer que integrarán una “comisión de reestructuración de la Fiscalía General”.
Adaptación de la justicia. Indicó que solicitará a la jurisdicción militar la revisión de 72 causas seguidas por tribunales de esa naturaleza. A su parecer, esos casos pueden ser remitidos a la jurisdicción penal ordinaria. La petición la haría de acuerdo con el artículo 266 de la Constitución que, según él, establece que el TSJ puede dirimir los conflictos de competencia entre tribunales, ya sean ordinarios o especiales.
El también defensor del pueblo, manifestó que en cada caso de civiles que sean presentados ante tribunales militares y acusados de delitos de esa naturaleza, podrá solicitarse al Tribunal Supremo.
