Aunque el Ministerio Público dio por finalizada la búsqueda de los cuerpos de las víctimas de la masacre del municipio Sifontes, los pobladores dudan que sólo sean 17 las personas asesinadas el 4 de marzo. “Nosotros sabemos cómo son las cosas por acá y nadie nos va a venir a echar cuentos de camino. En esas minas hay fosas donde arrojan los cuerpos y lanzan tierra para que más nunca aparezcan”, agregaron desde Tumeremo.
Todavía creen que hay más cuerpos
Pese a lo manifestado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre la no existencia de otras víctimas de la masacre de Tumeremo, tanto familiares de los 17 fallecidos como los habitantes del pueblo sospechan lo contrario. “El testigo que habló con Tarek (William Saab) no pudo ir el día que fue la fiscal”, comentaron.
Según el informante, ese sobreviviente -quien además es familiar de una de las víctimas- fue quien manifestó al defensor del Pueblo sobre los 25 cuerpos que lo obligaron a cargar en el fundo Los Peregrinos, donde ocurrió la masacre y adonde fueron trasladados algunos cadáveres sacados de la mina Atenas por los hombres de la banda de el Topo.
“Nosotros sabemos cómo son las cosas por acá y nadie nos va a venir a echar cuentos de camino. En esas minas hay fosas donde arrojan los cuerpos y lanzan tierra para que más nunca aparezcan… la misma Luisa Ortega lo dijo cuando habló de los cuerpos hallados en Nuevo Callao, que les habían puesto tierra para que nadie los encontrara”, agregaron desde Tumeremo
Eran las 12:24 de la tarde del lunes cuando la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció al país -a través de su Twitter: @lortegadiaz- el hallazgo de los cuerpos de los mineros desaparecidos el 4 de marzo durante una emboscada por parte de la banda de el Topo a quienes se dirigían a la mina Atenas, en Tumeremo.
Minutos después, en una entrevista por Globovisión, reveló que los cadáveres fueron encontrados en la vía a la mina Nuevo Callao (ubicada a unas cuatro horas de distancia del lugar donde los interceptaron y ejecutaron) y que estaban enterrados en una fosa común de unos cuatro metros de profundidad y tres metros de ancho.
Para dar con el sitio fue necesario usar maquinaria pesada. A los funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamef) les llevó casi 10 horas exhumar los 17 cuerpos; procedimiento minuciosamente supervisado por el Ministerio Público y custodiado al extremo por fuerzas especiales del Ejército Nacional, del Sebin y del Cicpc.
Una vez recuperados todos los restos, fueron trasladados vía aérea a una morgue de campaña en el Fuerte Tarabay -a unos 20 minutos de Tumeremo- y preparados para que a la mañana siguiente sus familiares acudieran al proceso de reconocimiento e identificación; notificación que les hizo el Ministerio Público tras confirmar el hallazgo.
Día 11: Panorama nada alentador
A las 8:00 de la mañana del martes, los parientes de los mineros desaparecidos fueron llegando uno a uno a la sede del Ministerio Público. Ahí les hicieron una rápida evaluación socioeconómica para el cubrimiento de los gastos funerarios. Terminadas las entrevistas, salieron en tres vehículos militares hacia el Fuerte Tarabay.
Esa misma tarde el defensor del Pueblo arribó por segunda vez a Tumeremo y volvió a entrevistarse con las familias. El panorama arrojado por la reunión fue poco alentador y así lo explicó Tarek William Saab en una rueda de prensa ofrecida una vez terminada la reunión con los allegados de los jóvenes masacrados.
“Pudieran llegar hasta 25 (las víctimas)”, precisó el funcionario tras manifestar que entre 3 y 6 de los cuerpos pudieran corresponder a las descripciones aportadas por sus dolientes. Tal aseveración la formuló después que un testigo del hecho le relatara que a él lo obligaron a cargar 25 cuerpos en un camión volteo.
Según quienes estaban en el Fuerte Tarabay, el defensor del Pueblo le manifestó al general de brigada Jesús Mantilla, comandante de la ZODI Guayana, que había que buscar otras fosas comunes en el sector donde hallaron los 17 cadáveres. La respuesta del militar fue que todavía estaban peinando el área y otras minas controladas por el Topo.
Sólo 17 cuerpos
Un día después de las declaraciones de Tarek William Saab, la fiscal general de la República se trasladó a Tumeremo para ofrecer pormenores del caso y entregar a sus familiares 15 de los 17 cuerpos hallados en el sector Barro Largo de la vía a Nuevo Callao. Originalmente habló de 14, pero en medio de la rueda de prensa fue reconocido otro de los jóvenes.
“Estaban cubiertos por un encerado (…) No presentaron ninguna mutilación (…) fueron trasladados al Fuerte Tarabay, donde se les practicaron exámenes médicos-forenses para su individualización e identificación. Fue de suma importancia la ficha pre mortem aportada por los familiares”, dijo la representante del Ministerio Público.
Precisó que 16 de las víctimas presentaron disparos en la cabeza y que sólo una murió tras recibir tiros en el pecho. Respecto a los otros dos cuerpos que aún no han sido identificados, Ortega Díaz manifestó que están estudiando sus huellas dactilares, ADN y otros aspectos antropológicos para poder entregarlos a sus allegados.
A diferencia del defensor del Pueblo, la fiscal general de la República descartó que existan otras víctimas de la masacre de Tumeremo. Sobre Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias el Topo, y su banda, reafirmó que existen órdenes de captura en su contra y también para sus secuaces, quienes ya están plenamente identificados.
Duelo en Tumeremo
Pasadas las 3:00 de la tarde del miércoles, varios vehículos militares trasladaron los féretros de las víctimas hasta Tumeremo. A algunos los llevaron directamente al nuevo cementerio municipal y a otros los entregaron a sus familiares para que los velaran por algunos minutos. El barrio La Caratica fue epicentro del duelo.
Toda la vía hasta el camposanto estuvo resguardada por funcionarios del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Una hora después que salieran del Fuerte Tarabay, las urnas de quienes serían enterrados en Tumeremo -dos de los cuerpos fueron llevados a Ciudad Guayana y otro a Carúpano, estado Sucre- estaban en el cementerio.
La inhumación se realizó pasadas las 6:00 de la tarde porque a esa hora fue que las cuadrillas de la Alcaldía de Sifontes terminaron de preparar las fosas donde reposarían los ataúdes marcados como evidencia del Ministerio Público y en cuyo interior reposaban bolsas para cadáveres que prohibieron abrir a los familiares.
Luis Nieves, el papá de una de las víctimas de la masacre, lamenta con resignación: “El cuerpo nunca nos lo dejaron ver por el estado en el que estaba, pero nos mostraron la ropa y sus características coinciden con la de mi hijo (…) por lo menos ya lo tenemos con nosotros y podemos darle sepultura en un sitio donde lo podemos venir a llorar”.
El deber del Estado
El fallido intento en la lucha contra grupos irregulares en el sector minero en el estado Bolívar ha dejado secuelas imborrables en el registro de muertes violentas y en la memoria del venezolano. La prontitud con la que el Estado socorrió a las víctimas seguirá siendo escasa mientras el gobierno se conforme con el hallazgo de los cadáveres de mineros, cocineras y mototaxistas. Es deber del Estado dar con los autores intelectuales y materiales de esta matanza.
Las ONG Cofavic y Provea insisten -además de la captura- en el juicio de los culpables; y esgrimen cinco puntos para sostener que el Estado es responsable ante la masacre de Tumeremo, porque debe: investigar los hechos, reparar los daños del crimen, responder por la actuación de grupos armados en la zona minera y porque no adoptó las medidas necesarias para resguardar el derecho a la vida y al libre tránsito de las víctimas. Por último resalta que las desapariciones forzadas son una violación al Derecho Internacional.
El Centro de Derechos Humanos de la UCAB alertó que la militarización de la población que reclamaba la reaparición de los mineros, “cuando oportunamente no controlaron a victimarios”, apunta al consentimiento y a la impunidad.
Diario del Caroní
Germán Dam V.
Fotografía William Urdaneta
