Después de destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, y de intentar suplantar a la Asamblea Nacional con la nueva Asamblea Constituyente, controlada por el chavismo, el régimen de Nicolás Maduro ha puesto en el punto de mira a los 80 ayuntamientos controlados por la oposición.
El Tribunal Supremo se ha convertido en el ariete para derribar a los alcaldes elegidos en los comicios de 2014 y barrer a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de uno de sus últimos bastiones institucionales. Además del caso más conocido, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, en arresto domiciliario, dos ediles han sido condenados a 15 meses de cárcel en las últimas dos semanas y hasta 14 están encausados por permitir las manifestaciones contra el Gobierno que se suceden desde el pasado 1 de abril.
Uno de ellos es Josy Fernández, alcalde de San Antonio de los Altos, un municipio de 110.000 habitantes a 10 kilómetros de la capital. Fernández, del partido opositor Primero Justicia, está citado para este martes por el tribunal y, en conversación telefónica con EL PAÍS, asegura que aún no ha decidido si acudirá. Califica de “absolutamente inconstitucional y al margen de la ley” el procedimiento abierto contra él y denuncia que sus abogados ni siquiera han podido acceder al expediente.
La acusación se basa en el testimonio de cuatro miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que no viven en el pueblo y que sostienen que las protestas les impidieron el paso. “La denuncia es un corta y pega, tanto que ni siquiera se han molestado en cambiar el nombre de la localidad y me imputan no prohibir las manifestaciones en Baruta, un municipio que no es el mío”, alega Fernández.
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