Ahogo. Este es, quizás, el término que mejor puede definir la situación económica de los trabajadores de la Asamblea Nacional (AN) después del anuncio de la reconversión monetaria y el posterior aumento del sueldo mínimo.
Los funcionarios no recibieron en este fin de semana de quincena lo correspondiente al sueldo mínimo que decretó el Ejecutivo. Y aunque la escena se repitió en otras instituciones públicas, en el parlamento tiene el agravante de que por los momentos, los trabajadores no tienen escalafón, ya no tienen el beneficio de primas de profesionalización, por estudios, hijos, vestido y zapatos que eran parte de su contratación colectiva, sumado a que el seguro médico no está en funcionamiento desde hace dos años.
El Sindicato Nacional de Funcionarios de Carrera de la Asamblea Nacional (Sinfucan), presentó a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), encargada ahora del funcionamiento económico del parlamento, un tabulador para el personal obrero, administrativo, técnico y profesional, que fue rechazado. El mínimo para los obreros, según la propuesta, quedaría en BsS. 3.600, el de los administrativos en BsS. 4.140, el del personal técnico en BsS. 4.680 y el de los profesionales en BsS. 5.508.
Todo el panorama económico es un caldo de cultivo y trascendió extraoficialmente que en las últimas semanas la oficina de Recursos Humanos recibió varias solicitudes de jubilación adelantada, reposos por incapacidad, abandonos del cargo y renuncias para irse del país, de no menos 100 trabajadores.
Adelaida Castro (nombre para proteger su identidad real) reveló a El Pitazo que ella sencillamente dejó de ir a trabajar después de 16 años de servicio parlamentario. “Me salía más caro movilizarme hasta Palacio. Todo se vino abajo. No es solo la situación política de tener que compartir espacios con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sino que hay un deterioro en la calidad de vida de todos. De mis compañeros, los que no se han ido están más delgados, los que se enferman tienen que parar en los hospitales porque ya ni el seguro médico funciona y en honor a la verdad, en los últimos tres períodos la directiva no se ha preocupado por mejorar las condiciones de los trabajadores. Aunque claro, también es que están de manos atadas”, precisó.
José Gregorio Castro tiene más de 15 años de trabajo en el Legislativo. Ha visto pasar a una cantidad importante de legislaturas y se mostró inconforme y triste con lo que está pasando actualmente. “Nos igualaron a todos para abajo. No importa si tienes 15 años o comenzaste a trabajar la semana pasada, simplemente cobras lo mismo. En mi caso soy funcionario de carrera y ya eso ni les importa. Los trabajadores estamos a la buena de Dios”, destacó.
Desde 2017 hay tres ejemplos palpables del deterioro en las condiciones económicas de la AN que denuncian quienes siguen allí: tres de sus trabajadores murieron “de mengua” por no tener cómo costear sus tratamientos médicos. El caso más reciente fue el pasado 15 de septiembre, cuando el periodista institucional Roberto Barraza murió por complicaciones respiratorias y porque no pudo pagar lo que los médicos le indicaron. Murió en el hospital de Coche y su última quincena, la correspondiente a la última de agosto, fue de BsS. 55. Al momento del fallecimiento de Barraza, el Ministerio de Finanzas, a través de la Onapre, no había pagado la primera quincena de septiembre a los trabajadores parlamentarios.
El Pitazo, como práctica de equilibrio y transparencia, intentó corroborar cuánto cobran los trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente y si tuvieron problemas con el pago de su quincena, tal como ocurrió con los de la AN. Sin embargo, fue imposible recibir respuesta por parte de las autoridades de ese organismo.
Labores a media máquina
Este 15 de septiembre terminó el receso parlamentario que corresponde por Ley. La primera sesión será este 18 de septiembre y la actividad legislativa se ha limitado, por razones económicas, solo a las sesiones en plenaria.
Las 15 comisiones permanentes trabajan a media máquina, por no decir que están paralizadas técnicamente. Por ejemplo, no hay bombillos en los pasillos del edificio administrativo José María Vargas. El departamento de prensa no tiene internet. Tienen poco suministro de agua. No hay papel, tampoco funcionan las impresoras de las oficinas parlamentarias. No hay papel higiénico y los aires acondicionados están dañados.
“Sin duda alguna, el esfuerzo del Gobierno por destruir la institucionalidad pasa por el incumplimiento de su deber de enviar a la AN el presupuesto. Es importante que la gente sepa que la AN es la única institución de la República que aprueba su propio presupuesto. Es heroico que logremos estar la mayoría cada martes. Nosotros no cobramos desde 2016. La gente no lo ve, pero es un ejercicio de resistencia contra la tiranía”, puntualizó el diputado Ángel Alvarado, miembro de la comisión permanente de finanzas.
Quienes se la ven peor son los diputados de los estados más alejados de Caracas: Zulia, Bolívar, Táchira, Trujillo y Nueva Esparta. Tienen que viajar largas horas por tierra, reciben hospedaje y comida de familiares y amigos en Caracas. Los de mayor edad dependen de la pensión del Seguro Social.
