Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
La mecánica implicó, al menos, a diez personas —exdirigentes chavistas, empresarios y sus familiares—, según informes de la Policía de Andorra que maneja la juez Canòlic Mingorance. La magistrada andorrana indaga el supuesto blanqueo en el marco de un expolio de la petrolera estatal.
Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas. Y circularon por una telaraña de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameñas.
El dinero saltó después desde el Principado a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según las pesquisas.
