Tres fuentes de obstáculos identifica la MUD contra el referéndum revocatorio: el TSJ, el CNE y el Ejecutivo. En el primer poder, la demanda del PSUV contra la MUD cuenta con un ponente desde el 14 de junio: el magistrado Luis Damiani Bustillos decidirá si la jornada de recolección de firmas cumplió con los trámites legales, y si se incurrió –como alegó el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez– en un “gran fraude”.
Damiani Bustillos fue rector encargado de la UBV (2009-2010), miembro del Centro Internacional Miranda, y fue designado magistrado el 23 de diciembre de 2015, antes que feneciera la Asamblea Nacional, dirigida por Diosdado Cabello.
El expediente es el AA50-T-2016-000562, de acuerdo con las Cuentas de la Sala Constitucional del TSJ, publicada en la página web.
En el segundo poder, el CNE, el PSUV solicitó que establezca un día para jornada de recolección del 20% de las firmas (4 millones) para activar el referéndum, lo que ayer fue rechazado por el bloque opositor, en una reunión con el rector Luis Emilio Rondón. “Sr. mariscal de la derrota, no irrespete a un poder autónomo”, exigió a Rodríguez el secretario de la MUD, Jesús Torrealba, en visita al CNE.
En una comunicación, la oposición planteó que se eliminen los 20 días para reconocer que la coalición cumplió con el 1% de las firmas y se emita, en un plazo de tres a cinco días, la constancia promotora del referéndum. “Ya hay más de 1%”, aseguró Torrealba, mientras el representante electoral de la MUD, Vicente Bello, indicó que hoy culmina la auditoría que comenzó el 21 de junio: “Si la revisión de las huellas del 6-D, 16 millones de votos, se hizo en 4 días, entre el 14 y 18 de diciembre de 2015, 400.000 puede hacerse en un día”.
La MUD exigió que, durante la recolección de 20% de las firmas, se usen 4.000 máquinas, en 40.000 mesas ubicadas en los 14.000 centros de votación del país debido a que tienen derecho todos los inscritos en el Registro Electoral. “Entregamos un informe de los agravios cometidos durante la validación; hemos enfrentado los obstáculos legales e ilegales”, informó Torrealba.
El vicepresidente de Copei, Enrique Naime, pidió que se active un punto de recolección en el exterior, donde hay 300.000 venezolanos: “De no aceptarse, activaremos un amparo por violación de la Constitución”.
El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, criticó a las rectoras Tibisya Lucena, Tania D’Amelio, Socorro Hernández y Sandra Oblitas: “Han aceptado sumisamente a Jorge Rodríguez como vocero del CNE. Es una gran desvergüenza el silencio tras finalizar la validación de firmas”.
Con el argumento de que el actual Parlamento violó la Constitución e incurrió en traición a la patria, el Polo Patriótico solicitará a la Sala Constitucional del TSJ que determine la “abolición” de este poder. Didalco Bolívar, secretario de Podemos, dijo que, una vez disuelta, debe convocarse a una nueva elección legislativa.
