Argentina, Brasil, Chile y Uruguay hacen advertencia a gobierno de Maduro.
Los cancilleres de los cuatro países se mostraron preocupados por los hechos de violencia en Venezuela
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay expresaron su rechazo a hechos de violencia en Venezuela, en los que se agredió a diputados opositores durante una manifestación, según un comunicado conjunto de las cancillerías de los cuatro países difundido esta mañana.
“Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas y a la libre expresión de ideas”, dice el documento firmado por los cancilleres Susana Malcorra de Argentina, José Serra de Brasil, Heraldo Muñoz de Chile y Rodolfo Nin de Uruguay.
Aunque los responsables de la diplomacia de estos países, decidieron tener especial cuidado en la redacción del texto, el contenido es fuerte para una declaración entre socios de un bloque como Unasur que tiene cláusulas de respeto a la democracia.
Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que hay preocupación creciente sobre lo que ocurre en Venezuela, sin que se vea una solución a corto plazo. En ese sentido, la intención de Uruguay es de evitar una cumbre presidencial del Mercosur para el traspaso de la presidencia pro tempore del bloque.
El presidente uruguayo Tabaré Vázquez fue consultado por legisladores del bloque liderado por José Mujica sobre la voluntad de pasar la presidencia temporal del bloque a Maduro, porque este sector del Frente Amplio quiere que se ayude a la administración actual de ese país.
Vázquez ha dicho que no quiere quedarse con una titularidad pro tempore que no corresponde, pero eso no significa que esté dispuesto a que Montevideo sea sede de movidas políticas que compliquen la situación local, y regional.
Lamentable agresión
Los cancilleres manifestaron “que lamentan los hechos de violencia registrados en Caracas donde varios ciudadanos, incluso parlamentarios, fueron agredidos”. A su vez, “condenan todo acto de violencia independientemente de su origen”.
Reafirmaron la postura de que “las autoridades (de Venezuela) tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas y a la libre expresión de ideas”.
En ese sentido, hicieron “un llamado a que, como ha prometido el gobierno, se investiguen las responsabilidades por la violencia”.
También instaron “a que puedan resolverse las diferencias mediante el diálogo pacífico y con métodos democráticos, esperando que el proceso de facilitación llevado a cabo por los ex Presidentes pueda arribar a resultados positivos, y en un tiempo razonable, para beneficio de todas las partes involucradas”.
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