Para Marcos Gómez, director ejecutivo de Amnistía Internacional, la firma del Decreto de Excepción y Emergencia Económica agrava la situación de derechos humanos en el país.
Gómez consideró que en medio de los estados de excepción en Venezuela, los abusos a los derechos humanos registrados durante operativos de seguridad han sentado un precedente alarmante. Y sumó el hecho de que actualmente el país atraviesa una grave crisis que afecta los derechos de la población, caracterizada por el desabastecimiento de medicinas y alimentos los altos índices de homicidios y violencia, y el bajo nivel de generación eléctrica.
Para el gremio, las medidas derivadas del Estado de Excepción no deben ser usadas para reprimir las manifestaciones pacíficas, en especial aquellas que tengan que ver con reclamos por derechos sociales, económicos y políticos y que, de ninguna forma, sirvan para justificar la detención arbitraria de quienes participen en estas.
“El gobierno de Venezuela debe recordar que los estados de Excepción no derogan ni suspenden el ordenamiento jurídico nacional e internacional, de manera que los cuerpos de seguridad y los funcionarios siguen siendo responsables por sus actuaciones u omisiones e, igualmente, que tampoco suspende el ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la protección de los derechos humanos”, resaltó Marcos Gómez.
