La pandilla judicial roja opera como una gigantesca maquinaria de tortura. Uso la palabra maquinaria porque de eso se trata: de un conjunto de entidades dedicadas a torturar, a causar dolor de forma permanente a cada ciudadano, a cada familia venezolana. Magistrados sin credenciales ni decencia, jueces ímprobos, tribunales especializados en el terror, fiscales que trabajan con guiones previamente establecidos, falsos testigos armados de falsedades, organismos policiales expertos en la violación de los derechos humanos y el debido proceso, carceleros feroces e impunes, y un grupo de voceros dotados de impunidad que acusan desde los medios del Estado –Cabello, Rodríguez y Rangel se disputan la Medalla de Oro de la Infamia–, son piezas, activos engranajes de esta maquinaria.
Torturan a la sociedad entera. Propagan el miedo. El máximo tribunal es el epicentro de la atrocidad con que se castiga a Venezuela. En sus despachos se fabrican decisiones que contravienen la Constitución, las leyes, la realidad y el sentido común. Una revisión de sus sentencias lo hace evidente: los venezolanos carecemos de derechos. La maquinaria desconoce resultados electorales. La maquinaria nos impide hacer uso del derecho constitucional al referéndum revocatorio. La maquinaria se propone destruir un poder público, la Asamblea Nacional, producto de nuestros votos. La maquinaria otorga impunidad a los funcionarios del Sebin, cuerpo invadido por el odio en contra de personas y familias. La maquinaria decreta una nacionalidad para Nicolás Maduro. La maquinaria abre expedientes. La maquinaria dicta sentencias en contra de personas inocentes. La maquinaria autoriza la existencia de centros de reclusión que son tumbas donde se tortura a los detenidos. La maquinaria ordena el traslado de los detenidos. Juega con las vidas de los presos. Impide a las familias reunirse con sus víctimas. Bloquea la acción de los abogados defensores. Nada hace ante los métodos abusivos y humillantes que los carceleros practican en contra de los presos y sus familiares.
La maquinaria roja de tortura es garante del poder sin restricciones. Un poder ilimitado. Sin contrapeso, sin control. Poder que otorga impunidad al régimen y se otorga impunidad a sí mismo.
Dos son sus procedimientos fundamentales. Cuando se trata de expedientes políticos, la maquinaria actúa al unísono con el Ejecutivo: la maquinaria acosa, rodea al acusado, le cierra todas las posibilidades hasta conducirlo a una condena sin remedio. Implacable y que convierte al detenido en una persona sin derechos. Sometida a los vaivenes de quien haya dictado la orden: Raúl Castro, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello o Adán Chávez. Nadie debe olvidar la confesión de Aponte Aponte: en la oficina de Elías Jaua, en la esquina de Carmelitas, los viernes en la tarde, tenían lugar las reuniones en las que se transmitían al máximo tribunal las instrucciones del máximo pervertidor de la justicia: Hugo Chávez. Sentencias dictadas a priori: en eso consiste uno de los legados concretos del teniente coronel.
El anterior no es el único procedimiento. Hay otro, que incluye los expedientes no políticos, que tiene esta característica: opera como una caja registradora. Funciona como un cuantioso mercado donde se subastan las sentencias, donde hay jueces que actúan como martilladores: preguntan a las partes quién da más. Y han cambiado de moneda. Desdeñan los bolívares y se niegan a escuchar ofertas que no sean en dólares.
Sentencias dictadas a priori o subastas en dólares al mejor postor: estos son los procedimientos de la maquinaria de tortura que opera la pandilla judicial roja.
