La Procuraduría General de México (PRG) denunció hoy una trama de personas y empresas mexicanas y de otras países que obtenían recursos con la compra de productos para el programa venezolano de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
El subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, Alonso Lira, denunció que los involucrados “han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios, para en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente (…) aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”.
Los mecanismos de operación, según la investigación, eran: “1, adquirir productos de baja calidad; 2, exportarlos con sobreprecio; y 3, a través de los Clap revenderlos a la población venezolana en un valor 112% mayor al costo real”.
En este sentido, anunció un acuerdo reparatorio con los imputados que consiste en la entrega de 3 millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Además las “personas físicas y morales (jurídicas)” señaladas con las autoridades mexicanas se comprometieron “a no efectuar ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros, que operen el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas, con motivo del programa CLAP”.
Lira apuntó que con motivo de la investigación se localizaron 1.300 contenedores en tierras mexicanas que tenían como destino Venezuela, y que fueron proveídos por las empresas involucradas en la investigación, pero fueron entregadas a sus beneficiarios “al analizar que los productos alimenticios son perecederos” y para evitar “agravar la crisis alimentaria” en Venezuela.
La procuraduría mexicana resaltó que “los elementos aportados por esta investigación serán compartidos con las autoridades competentes a nivel internacional con objeto de continuar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y en particular de este esquema (alimenticio) fraudulento“.
NO MÁS ENVÍOS DE PRODUCTOS PARA LOS CLAP
Por su parte, el subsecretario de México para América Latina, Luis Alfonso de Alba, resaltó que “era muy importante” detener la compra de estos alimentos porque además eran “productos de muy baja calidad”.
Dijo que no se bloqueó el envió de 1.800.000 cajas Clap porque “sería irresponsable” en medio de la escasez en Venezuela, pero advirtió que “se están tomando medidas para que este tipo de operaciones no se puedan volver a realizar”.
Luis Alfonso de Alba aseguró que desde el Grupo de Lima “van a seguir investigando y cooperando para atender este problema de manera colectiva”; y se “contribuya a esclarecer la situación y a propiciar (a los venezolanos)productos de buena calidad y a buenos precios”.
