Los negocios y las mentiras de los “narcosobrinos” de Cilia y Nicolás

Según la tesis de la fiscalía, Campo Flores y Flores de Freitas son criminales, no sólo porque se dedicaban al negocio del narcotráfico, sino porque las evidencias muestran que eran extorsionistas, pagaban sobornos a las autoridades, participaron en asesinatos y eran capaces de corromper a jueces y policías para hacerse de dinero proveniente de la industria criminal.

Maibort Petit / Venezuela Al Día  

En la medida en que se acerca la decisión final del caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha revelado información que muestra que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, tenían una conducta criminal y realizaban negocios ilegales antes de ser interceptados por los agentes de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA). Ese pasado, que no está reportado en los récords criminales de los dos convictos, podría ser el peso que el gobierno puso en la balanza para lograr una condena severa que sirva de ejemplo a familiares y amigos de funcionarios de gobiernos de América Latina que pretendan usar sus influencias y la estructura del gobierno para traficar cocaína a los Estados Unidos.

La fiscalía entregó a la corte, pruebas legalmente aceptadas que dejan claro que los dos familiares de la primera dama, Cilia Flores, participaban en una red de corrupción que involucraba el uso de sus conexiones políticas para extorsionar y cobrar comisiones a las empresas que tenían cuentas por pagar en PDVSA y, lo más grave aún, que ofrecían dentro de “sus servicios”, liberar a capos de la droga a cambio del pago de sumas millonarias con las cuales sobornaban a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, a policías y otros órganos del poder judicial venezolano.

Sentencia de los narcosobrinos podría ser más severa que la de Fabio Lobo

La fiscalía asegura en un memorando entregado a la corte que los dos acusados —convictos como narcotraficantes— habían decidido embarcarse en el camino del delito con el objetivo de ayudar a su familia a mantener el control político en Venezuela, un país donde impera un régimen controlado por los familiares directos de los acusados y que actualmente está comprometido con el asalto, fundamentalmente, de las libertades del pueblo venezolano y cuya cúpula se ha enriquecido a costa del hambre de la población.

Para la fiscalía neoyorquina es importante tener en cuenta a la hora de calcular la sentencia, que los acusados tenían más oportunidades que otros, particularmente en Venezuela, de vivir bajo la ley, de tener vidas productivas, sin embargo, abusaron de la impunidad de la que gozaban. “Campo y Flores prefirieron convertirse en narcotraficantes —al menos meses antes de haber sido interceptados por la DEA—  en su esfuerzo por ganar 20 millones de dólares para pagar la campaña de su tía, la primera dama, Cilia Flores, quien para esa época (diciembre de 2015) aspiraba un cargo en la Asamblea Nacional”.

Uno de los elementos que complica el caso de los sobrinos presidenciales es el cálculo aplicable a las llamadas “Guías de Rango de Sentencia”. La Oficina de Libertad Condicional produjo un informe basado en las graves consideraciones de la conducta de los dos hombres acusados de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a los EEUU y asegura que les corresponde el rango 43 de dicha regla que conlleva a cadena perpetua. La defensa rechaza las conclusiones y recomendaciones  de la (OLC), pero no expuso argumentos que permitan cambiar la postura legal expresada por ese ente y por la fiscalía, órgano que no ha escatimado esfuerzos por poner de manifiesto los diversos negocios y mentiras que rondan alrededor de los acusados.

Los “negocios” ilegales para mantener el poder político de su familia

Según sostiene la Fiscalía, los acusados en lugar de vivir una vida proba y aprovechar las  oportunidades de que gozaron a diferencia de la mayoría de sus compatriotas, desecharon la opción de la productividad y el respeto a la ley, para optar por el camino del delito. Los convictos, gracias a la  enorme impunidad de la que disfrutaron durante mucho tiempo, se volcaron hacia el narcotráfico —meses antes de que la DEA comenzara a perseguirlos— en un esfuerzo por ganar 20 millones de dólares.

El gobierno de los EE. UU. destaca el hecho de que Campo y Flores se embarcaron en el camino del tráfico de drogas con el propósito declarado de ayudar a sus tíos a mantener el control político en Venezuela, a través de un régimen controlado por sus familiares.

Entre los aspectos de demuestran la conducta delictiva de los dos hombres convictos es que “para lograr este objetivo de ganarse los US$20 millones, ​​intentaron importar cantidades masivas de cocaína a los Estados Unidos sobre la base de un plan que habría creado situaciones enormemente peligrosas en los aeropuertos internacionales, sin tener en cuenta las personas que transitaban por esas instalaciones”.

Los acusados ​​persiguieron el plan obstinadamente —dicen los fiscales federales. Viajaron en aviones privados a Centroamérica y el Caribe, reclutaron a sus guardaespaldas para obtener ayuda, confiaron en conexiones corruptas con la policía y trataron de sobornar a estos individuos, trataron de liberar a los narcotraficantes encarcelados y cultivaron, al menos, una conexión con un terrorista extranjero perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (“FARC”).

De acuerdo a las grabaciones que posee el gobierno, los acusados declararon que estaban en guerra con los Estados Unidos, expresando la opinión de que la DEA no podía tocarlos en Venezuela y bromearon al referirse a los abusos contra los derechos humanos que comenten sus poderosos familiares, poniendo como  ejemplo, el hecho que sus tíos encarcelan a aquellos que se atreven a oponerse a la autoridad del régimen venezolano.

Fiscalía de NY y Oficina de Libertad Condicional exigen cadena perpetua para narcosobrinos

La fiscalía cita los mensajes de texto de los convictos ​​y la confesión de Campo Flores como prueba  de que ambos establecieron las pautas y llevaron a cabo todas las diligencias para acceder a 800 kilogramos de cocaína que servirían para el primer envío que se realizaría el 15 de noviembre de 2015.  La evidencia también muestra que dicho envío sería el primero de varios que tenían previsto hacer hasta alcanzar su meta de hacerse de 20 millones de dólares. “Si los acusados ​​hubiesen tenido éxito con el envío inicial, habrían enviado por lo menos aproximadamente 800.000 gramos, lo que representaría un gramo para uso personal de cocaína a los Estados Unidos”.

Según la parte acusadora, las pruebas presentadas en el juicio ponen de manifiesto que los convictos ​​eran totalmente aptos y estaban totalmente predispuestos a cometer el delito que se evitó gracias a la operación de picadura montada por la DEA que finalmente llevó a su detención.

Dicen que los acusados estaban involucrados en actividades continuas de tráfico de drogas antes de que comenzara la investigación. Los esfuerzos subsiguientes de la DEA produjeron numerosas grabaciones de los acusados ​​que prueban que cometieron varios crímenes, en lugares como Caracas, que aparentemente parecían impenetrables por parte de las fuerzas del orden.

Mintieron a las autoridades federales para obstruir a la justicia

Persistiendo en la creencia de que estaban por encima de la ley, los acusados ​​presionaron la afirmación especulativa de que la muestra del kilogramo contenía algo más que cocaína, “cada acusado intentó obstruir la justicia presentando una declaración que contenía numerosas falsedades materiales que sólo podrían haber sido diseñadas para dar lugar a la supresión injustificada de sus confesiones”.

El Tribunal consideró que esas declaraciones eran lo que eran: intentos transparentes de los acusados ​​de no rendir cuentas de sus acciones. A pesar del veredicto del jurado, nada en los acusados ​​ha cambiado desde que mintieron en sus declaraciones, lo que demuestra que su conducta criminal persiste y pretenden, hasta el último momento, estar por encima de la ley.

Ataques a la autoridad que impone la ley

El fiscal, Joon Kim, asegura que Campo y Flores no han hecho ningún esfuerzo para aceptar responsabilidad de sus acciones o expresar remordimiento por los crímenes cometidos. “Debido a la naturaleza flagrante e inexcusable de su conducta del delito, una pena substancial de no menos de 30 años se justifica para cada uno de los acusados”.

Frente a este expediente lleno de elementos graves que los muestran como criminales, la fiscalía dice que los dos acusados han vuelto a presentar​​ argumentos desgastados y sin ningún tipo de mérito que desafían la investigación, buscando clemencia basada en las fechorías reconocidas de informantes de la DEA que se encuentran bajo rejas enfrentando la justicia de los EE. UU.  “Los informantes serán sentenciados en una fecha posterior, y los crímenes cometidos por CS1 y CS2  no mitigan —en modo alguno— las acciones de Campo Flores y Flores de Freitas en este caso”.

Asimismo,  la fiscalía rechaza el continuo cuestionamiento por parte de la defensa de la integridad y la profesionalidad del gobierno norteamericano. Los acusados ​​tenían motivaciones políticas, no fue el Gobierno de los Estados Unidos el que estuvo políticamente motivado a acusarlos.  “El hecho queda demostrado cuando los fiscales describen las declaraciones de los acusados basadas en grabaciones y mensajes de texto cuya autenticidad no está sujeta a dudas”.

Explica que ciertamente el caso tiene rasgos “sensacionalistas” que derivan del alcance de la criminalidad y  la corrupción exhibidas por los dos sobrinos de la Primera Dama de Venezuela, quienes fueron capturados en muchos eventos criminales en los videos proporcionados por la DEA.

Llama la atención de las autoridades estadounidenses los continuos ataques de los abogados de la defensa a la fiscalía. “Esto no es sorprendente debido a la consistencia que tiene todo el caso”.

Igualmente el fiscal refiere en el informe el ataque de la defensa a la integridad de la Oficina de Libertad Condicional. “La afirmación de que los Informes de Investigación de la OLC tienen derecho a ‘poco peso’ es inadecuado”.

— La Oficina de Libertad Condicional no puede ser criticada por emitir dos informes PSR con descripciones “casi idénticas” de la conducta del delito relacionada con la misma conspiración y dos coacusados que fueron hallados culpables en el mismo juicio, particularmente cuando el fiscal ha hecho casi todas las presentaciones del caso sobre una base conjunta.

El fiscal señala que no hay nada de irracional en el hecho de que la Oficina de Libertad Condicional se apoye en parte en el sumario presentado por el Gobierno en el expediente del juicio y en el que la Corte aceptó, que demuestran la participación de los demandados en la conspiración acusada”.

Los acusados tuvieron libertad, durante el proceso de investigación, para presentar e identificar otras pruebas con las que pudieran apoyar sus posiciones y objeciones de  los hechos presentados por la fiscalía, pero se negaron a hacerlo.

El expediente establece que la conducta de los acusados ​​fue descarada y extremadamente seria, y que aún no han identificado rasgos atenuantes del caso, ni redimido las características personales.

El caso de Campo y Flores se organiza en las secciones siguientes:

1. El expediente de hechos: Un resumen del expediente del juicio y pruebas adicionales relacionadas con la participación de los acusados ​​en el tráfico de drogas, la corrupción y la violencia, que es pertinente, entre otras cosas, para la aplicación de los factores obligatorios establecidos en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 3553 (a);

2. Las directrices para la imposición de penas que recomiendan la prisión preventiva: Una discusión sobre la aplicación de las Directrices —que la Oficina de Libertad Condicional determinó correctamente— da como resultado un nivel máximo de infracción de 43 y un rango de prisión perpetua;

3. Inaplicabilidad de la válvula de seguridad. Una discusión sobre el incumplimiento por parte de los acusados ​​de la carga de establecer la elegibilidad para el alivio de las válvulas de seguridad, en vista de su posesión de armas y amenazas de violencia, roles de liderazgo y no revelar al Gobierno y a la Corte toda la información y pruebas relativas a los delitos que formaban parte del mismo curso de conducta;

4. El criterio de sentencia obligatoria de condenas sustanciales: Un análisis de los factores de la Sección 3553 (a), que demuestra que las sentencias sustanciales son justificadas a la luz de la naturaleza y circunstancias de los acusados y su ofensa, y la necesidad de lograr una disuasión específica de los acusados, para lograr la disuasión general de las élites políticas, tales como que los dos convictos que buscaban usar su acceso y poder para apoyar el narcotráfico a gran escala. Es necesario imponer un castigo justo en este caso para promover el respeto a la ley; y

5. Las multas son apropiadas: Los acusados están en capacidad para pagar una multa a la luz de la evidencia de su extensa riqueza, que justifica la imposición de multas dentro del rango aplicable de 50.000 a 10 millones de dólares.

Esta semana se conocerá la nueva fecha de sentencia de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro y las acciones que la defensa pretende activar para evitar que sus clientes sean condenados a prisión de por vida.

VENEZUELA AL DÍA