Durante estos dos días, Rousseff, reelegida hace solo 15 meses, vivirá un auténtica agonía política, reporta el diario El País de España.
Parte del país ve con incomodidad y rechazo a una presidenta elegida por las urnas hace dos años encaminarse hacia la pérdida de su mandato. Pero, por otro lado, el 60% del país, a juzgar por un reciente sondeo de Folha de S. Paulo, apoya el proceso de impeachment.
Al contrario de lo que pasó en los tiempos de Collor, cuando en el país reinaba una unanimidad casi completa contra el presidente, la división casi por la mitad de Brasil crea un clima de incertidumbre sobre lo que pasará en los días siguientes a la votación, sea cual sea el resultado.
El primero en subir a la tribuna fue uno de los ciudadanos que presentó el recurso de destitución, el jurista Miguel Reale, que defendió la raíz última del impeachment, las denominadas en Brasil pedaladas fiscales, que consisten en recurrir a créditos de bancos públicos para enjugar el déficit presupuestario. Para Reale, esto, simplemente, es ocultar la situación real financiera del país y constituye un “crimen de responsabilidad”, suficiente como para destituirla.
Después habló el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, que minimizó este motivo, que consideró fútil, y recordó que la verdadera razón por la que el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, enemigo de Rousseff, aceptó el recurso de Reale no fue su contenido, sino “la venganza personal y el chantaje”. Cunha aceptó que el Congreso examinara el impeachment horas después de que varios diputados del partido de Rousseff, el Partido de los Trabajadores (PT), votaran a favor de investigar a Cunha en una comisión de Ética. De cualquier forma, el juicio es político y pocos miran las minucias técnicas de las confusas pedaladas fiscales.
El motivo es más complicado de entender que las acusaciones de corrupción pasiva y conspiración que pesaban contra el expresidente Collor.
Y más: los pecados de Rousseff parecen proporcionalmente pequeños ante un Congreso atestado de diputados investigados por corrupción –y asustado con el caso Petrobras– que en el último año se ha especializado, además, en aprobar aumentos de gastos populistas.
Rousseff no está implicada en ningún caso de corrupción. Nadie la ha acusado hasta ahora de haberse llevado un solo real a su casa. La paradoja ha sumergido a los brasileños en una exaltada discusión sobre la naturaleza del impeachment, mezcla de juicio jurídico y voto de desconfianza parlamentaria.
