La resolución 9855 publicada en Gaceta Oficial, donde se establece que el Gobierno puede obligar a las empresas privadas y públicas a prestar a sus trabajadores al área agroalimentaria, sigue generando reacciones entre representantes del sector productivo. Al respecto se pronunció ayer el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, quien alertó que la medida sólo promueve dudas e incertidumbre, amenazando la ya menguada fuerza de producción.
Martínez llamó a explicar los detalles y el efecto que tendrá esta resolución para las empresas, ya que se corre el riesgo de generar nuevas pérdidas en materia de elaboración de alimentos.
“El Gobierno nuevamente anuncia un decreto en materia laboral de forma inconsulta y de forma impuesta, que tiende a (crear) complicaciones. Hemos visto que nos han confiscado tierras, activos, han confiscado inventarios de materia prima como de productos terminados y ahora van a la confiscación de la mano de obra. Nos parece que esto no agrega valor a las soluciones sino, por el contrario, va a empeorar la situación” señaló el presidente de Fedecámaras.
Martínez apuntó que las unidades productivas actualmente hacen su mayor esfuerzo para mantener la capacidad de generar bienes y servicios en el país, y en caso de que para el sector alimentos le quiten personal esto llevará a disminuir la producción.
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