Las calles Colombia y Argentina, ubicadas en Catia, municipio Libertador, parecen territorio Pakistán. No hay ley ni funcionario de orden público que controle la venta indiscriminada de productos de la canasta básica a precios no regulados.
Como de costumbre, las vías conexas al mercado municipal de Catia lucen repletas de vendedores informales, los también conocidos como “bachaqueros”, que de manera indiscriminada se han dedicado a revender los productos que integran la caja del Clap.
“Leche a 40 bolos y harina en 20”, gritan puesto por puesto los revendedores, mientras que los transeúntes se miran unos con otros, alarmados por los altos costos, aunque no descartan que sea esta su mejor opción ante la imposibilidad de acceder a alimentos de la canasta básica en cualquier supermercado privado.
Mientras el caos se hace sentir indiscriminadamente por las calles de Catia, no hay funcionario u autoridad que pueda imponer el orden público, mucho menos originar detenciones ante lo que ha sido calificado en más de una oportunidad por el alto Gobierno, como un grave delito, pues no solo se comercializan alimentos a márgenes de ganancias que superan lo establecido por la ley, sino que se incurre en el delito de distribución no permisada de alimentos.
¿Dónde están las autoridades?
En la alocución del presidente Nicolás Maduro, el 2 de este mes, el mandatario hizo énfasis en que le hicieran saber de aquellos espacios o personas que se dedicaran a la venta indiscriminada de alimentos a precios excesivos, sin embargo, como los mismos vecinos denunciaron “Catia es un pueblo sin Ley, los policías le pasan por el lado a los bachaqueros y les hacen el quite de protegerlos”.
Muchas veces esta denuncia se ha hecho pública, sin embargo, no ha habido mayor pronunciamiento de las autoridades, como por ejemplo, el presidente de la República, los ministros para Alimentación y de Interior, Justicia y Paz, el presidente de la Superintendencia de Precios Justos o los mismos funcionarios de orden público, aún a sabiendas que la nueva modalidad se basa no solo en revender productos protegidos, sino alimentos que llegan a través de la misión social creada por el Estado, los Clap y que se supone tienen como finalidad abastecer a aquellas personas de escasos recursos que no tienen cómo comprar a altos precios.
Vecinos se pronunciaron.
Los vecinos de la parroquia Sucre hicieron un llamado a integrantes del Estado Mayor Parroquial para que verifiquen quiénes son las personas que están incurriendo en este grave delito. “Si no necesitan la comida que se la den a alguien que sí la requiera. El Gobierno tiene que empezar a tomar las riendas del país, ya basta”, dijeron.
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