Los conflictos entre grupos delictivos son la causa del destierro de familias o de agentes adscritos a algún organismo policial, a quienes se les dan no más de 24 horas para desalojar sus viviendas, muchas veces sin poder llevarse nada.
En el peor de los casos, los integrantes del grupo parental son asesinados progresivamente como advertencia: la palabra del hampa debe cumplirse o todos pagarán las consecuencias.
Al delincuente no lo intimida el uniforme ni el calibre del arma de reglamento. Si un policía vive en barrio, la medida va para él también.
Sus orígenes. Los desplazamientos por el hampa cobraron fuerza en sectores como El Valle, La Cota 905 y Valles del Tuy, denominados territorios de paz una vez aplicadas las primeras Operaciones de Liberación del Pueblo.
Ante la medida del gobierno, el hampa potenció su accionar en contra de funcionarios que, dentro del barrio, pasaban a ser parte del colectivo común o muchas veces vivían en el anonimato, situación que no duraba mucho porque en terreno pequeño todo se sabe.
Una fuente de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana reveló que cuatro funcionarios adscritos a distintos organismos, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Policaracas, Policía de Baruta y Policía Municipal de Paz, perdieron su vivienda luego de ser amenazados por grupos delictivos. El cuerpo detectivesco se reservó el derecho a la identidad de las víctimas, por temor a represalias.
En enero del 2017, el mismo infortunio arropó a una familia procedente de El Guarataro. “Una mujer salió con lo que cargaba puesto; esa fue la orden. Primero le mataron a un hijo y las amenazas continuaron. A su madre le colocaron una granada en la boca. Hoy día la casa está habitada por malandros”, comentó la fuente.
El mensaje. La quema de los cuerpos de Endy Daniel Flores Moreno, detective agregado, y de su pareja de nombre Beicy Carolina Sánchez, dejan un mensaje a la comunidad: quienes no acatan las órdenes del pranato en el barrio son desplazados o asesinados.
Un oficial, que pidió no revelar su nombre, indicó que la quema de los funcionarios no fue una orden directa del pran. “Se comieron la luz, como dicen los malandros. Al detective se le había advertido y tenía tiempo de buscar sus cosas en una semana. Estos muchachos quisieron alcanzar un estatus en el grupo y la orden de muerte no estaba dada”, aclaró.
