A más de 70 días de las denuncias que el Bloque Constitucional Venezolano hiciera contra el Tribunal Supremo de Justicia, no se ha registrado pronunciamiento alguno del Consejo Moral Republicano, por lo cual este órgano habría incurrido en omisión.
El recordatorio lo hizo el abogado Perkins Rocha, integrante del mencionado Bloque, quien recalcó que, el 2 de febrero pasado, consignó ante el CMR un documento firmado por él mismo junto a sus colegas Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Alberto Arteaga Sánchez y Juan Carlos Apitz.
Ante la falta de respuesta, se introdujo nuevamente esta semana otro escrito reiterando la petición y recalcando la gravedad de la omisión mencionada.
En dicho escrito, se solicita con base en los artículos 28 y 32 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, una averiguación en relación a lo que consideran “indebido y grave proceder” de los Magistrados de la Sala Electoral del TSJ, ciudadanos Indira Maira Alfonzo Izaguirre, Malaquías Gil Rodríguez, Jhannett María Madriz Sotillo, Fanny Márquez Cordero y Christian Tyrone Zerpa.
La afirmación alude a las actuaciones de la Sala Electoral Nº 260, en ponencia de Indira Maira Alfonso Izaguirre y la Nº 01 en ponencia conjunta. La primera, mediante un amparo cautelar, suspende los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación del Consejo Nacional Electoral respecto a candidatos electos en el estado Amazonas para la actual Asamblea Nacional. La segunda, deja sin efecto la juramentación de los mencionados candidatos electos y proclamados, ordena que se desincorporen y declara nulo lo que h ñaya hecho la Junta Directiva de la AN para incorporarlos.
Recuerda el Boque Constitucional Venezolano que alegaron en su momento la “negligencia manifiesta que en el ejercicio de sus atribuciones habían incurrido
los magistrados de la Sala Electoral”; y “la comisión de hechos graves que pusieron en descredito la legitimidad de sus cargos”; a lo cual agregan incumplimiento en el ejercicio de sus atribuciones y deberes, como el de inhibirse “al ser evidente su interés en el fondo de las demandas planteadas”; cometiendo abuso y exceso de autoridad, e incurriendo “en hechos graves que pusieron en peligro la credibilidad e imparcialidad del Sistema de Justicia venezolano”.
A la fecha actual, la situación se hace más compleja, debido a la inacción del Consejo Moral Republicano, el cual estaba obligado a responder sobre la pertinencia de la denuncia dentro de los cinco días siguientes a su recepción, según el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.
Por ello, la inacción del CMR niega a los venezolanos el derecho que establece, en un estado democrático de derecho y de justicia como el nuestro –según el artículo 2º de la Constitución Nacional- la justa y legítima posibilidad de que el pueblo venezolano a través de sus representantes políticos directos, como lo son sus diputados, proceda a remover a los magistrados del TSJ por la comisión de faltas graves.
Finaliza el nuevo escrito solicitando a los integrantes del Consejo Moral Republicano, “proceder urgentemente y sin mayor demora a pronunciarse sobre la admisión de la denuncia”, dado que el CMR “es el órgano constitucional de control jurídico, político e institucional, guardián de la ética pública y la moral administrativa de los funcionarios públicos”.
Adicionalmente, los juristas consideran que “la omisión en que ha incurrido este máximo órgano de control ciudadano de sus sagrados deberes constitucionales de vigilancia y determinación de la existencia de los hechos denunciados, ya lo hace merecedor del repudio y rechazo de los ciudadanos venezolanos, quienes han depositado tanto en el sistema democrático como en el Estado de Derecho y justicia venezolano, la confianza de la preservación de sus derechos e intereses”.
NOTA DE PRENSA
