El oro venezolano está siendo saqueado a manos llenas por un consorcio controlado por Nicolás Maduro y hombres claves de su régimen, quienes contrabandean cientos de millones de dólares del metal precioso y entregan sólo una minúscula porción a las arcas del Estado, dijeron fuentes familiarizadas por la situación.
El diario El Nuevo Herald aseguró que fuentes familiarizadas con el caso, señalaón que el consorcio contaba con al menos seis plantas de cianuración, el proceso de extracción del oro del mineral. Las plantas son capaces de procesar cerca de 16 toneladas al año, pero esto también obliga a los pequeños mineros independientes a venderles la producción bajo amenaza de violencia, arrestos o de interrumpir el suministro de combustible.
Testimonios confirmaron que la operación podría estar generando más de 1.500 millones de dólares al año, dependiendo del contenido en oro de las arenas procesadas.
“Quién está al frente de esa empresa criminal es Maduro”, dijo Manuel Cristopher Figuera, quien fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) bajo el régimen de Maduro antes de romper relaciones a inicios de este año y viajar a Estados Unidos.
Al centro de la operación minera, se encuentra el Complejo Industrial Domingo Sifontes, que con sus plantas de cianuración en el estado de Bolívar, procesa cerca de 80 % de la producción del país, según datos del Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico.
Pero el hecho es que el consorcio se queda con más de dos tercios de la producción total, que luego son contrabandeados en el exterior en vez de ser depositados en el Banco Central de Venezuela (BCV), como estipula la ley, dijeron las fuentes.
Los nombres
Entre los dueños de las distintas compañías que forman parte del consorcio, figuran, entre otros, el vicepresidente Tareck El Aissami; el hijastro de Maduro, Walter Flores; el comandante de la Guardia Nacional (GN), Antonio Benavides Torres, y el empresario colombiano Alex Saab.
Todos ellos han sido sancionados por el Gobierno de Estados Unidos por estar implicados en operaciones de corrupción, narcotráfico o violaciones a los derechos humanos.
La cúpula del régimen ha saqueado miles de millones de dólares de las arcas del Estado durante las dos décadas que ha durado la revolución socialista iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999, absorbiendo a través de múltiples entramados de corrupción gran parte de la renta petrolera y los fondos obtenidos a través de gigantescos préstamos que fueron contraídos por la nación pero que nunca llegaron a ser gastados en programas sociales y en el desarrollo del país, dijo un militar retirado que habló bajo condición de anonimato.
Agregó que el oro no tiene las mismas reglas que el petróleo, y que no tenía fiscalización, por lo que si el complejo procesa 1.000 kilos, ellos mismos se reparten el botín.
El Complejo Industrial Domingo Sifontes, identificado como la columna vertebral de la operación, es controlado por Eduardo José Rivas, hombre de confianza de la familia presidencial.
Cada una de las empresas que conforman el complejo; Inversiones RPL, Invertrade, Corporación Petroglobal, Mipre, Inversiones Glenduard, e Inversiones Oriente; son controladas por altas figuras del régimen que recibiendo distintas porciones en el negocio se han convertido en los beneficiarios directores de las operaciones de la explotación de oro.
Documentos obtenidos por el Nuevo Herald muestran que El Aissami, sancionado por narcotráfico por el Gobiernos de EEUU, es uno de los dueños de Inversiones Glenduard. El también sancionado Benavides Torres tiene participación en Invertrade, mientras que los igualmente sancionados hijos de Cilia Flores, Walter y Yosser, tienen su tajada en Mipre.
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