Vencer la realidad resulta una misión imposible para lo que resta de este régimen, aunque disponga de todos los recursos bélicos para pretender someter a un pueblo. Se enfrenta a crudezas incuestionables que rebotan en cada hogar venezolano. Es el hambre, la inseguridad, la inflación y devaluación de la moneda, mezclados con la indignación de un pueblo que sufre de hartazgo viendo como unos funcionarios públicos, con una escalofriante desfachatez, se roban las riquezas de todos los venezolanos.
Por eso y mucho más, la gente vuelve a tomar las calles, exponiendo sus vidas, porque sencillamente no se calan más que esta desvergüenza con forma de dictadura, avance en la destrucción de nuestro país. La ciudadanía está resuelta a impedir que ese propósito se consuma. Los voceros maduristas salen con sus desgastadas argucias asignándole el remoquete de “guarimba” a los esfuerzos cívicos de un pueblo que está dejando la vida en las calles por una causa que tiene relación, nada más y nada menos, que con la sobrevivencia de la democracia, y con ella la ansiada libertad con la que aspiramos vivir por el resto de nuestra existencia.
Ante semejante cinismo, hemos respondido que la guarimba que se debe desmontar, está en Miraflores. Es allí donde se saquea el tesoro nacional y se decide continuar regalando nuestro petróleo; es en Miraflores donde se dictan las órdenes para comprar más bombas y otras armas de guerra, es en Miraflores donde se montan los expedientes para que procedan desde los tribunales y las policías a detener a ciudadanos inocentes víctimas de la violencia de la guarimba de Maduro y su camarilla. Es en Miraflores donde amparan a los grupos paramilitares, cuestionados hasta por el propio director de la PNB, General de Brigada de la Guardia Nacional, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, quien confirmó el accionar de esos grupos, llegando a declarar que están mejores armados que los órganos de seguridad y afirmó que “son unos vagabundos y donde los veamos los vamos a capturar”. Es en Miraflores donde se resolvió usar los tribunales militares para juzgar a civiles, medida que muestra la absoluta determinación de las autoridades venezolanas de estrangular las crecientes protestas. El artículo 49 de la Constitución Nacional indica que “toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales”, y el derecho internacional establece claramente la inadmisibilidad de que “se trate a civiles como militares, lo cual atenta contra los derechos humanos”.
No obstante, la ciudadanía continúa luchando, convencida de que si acepta pasivamente el maltrato, las vejaciones y humillaciones, si se rinde, claudicando para dejarse someter, está robusteciendo el vandalismo y la ferocidad de sus agresores. Esos que nos matan de hambre o de un disparo, o de un bombazo, son los mismos que optaron por robarnos el derecho a realizar el referéndum revocatorio que hubiese contribuido a zanjar la crisis recrudecida, con una salida cívica y constitucional. Pero no, ¡qué va! A Maduro y su corte les interesan más preservar el poder así sea “revocándole el derecho a la vida” a esos jóvenes a los cuales han asesinado y ultrajado con saña, sadismo y crueldad nunca vistas en Venezuela.

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