“La prisión es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda, en sus dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral”. Michel Focault (1926- 1984), historiador, psicólogo, teórico social y filósofo francés.

Once mujeres venezolanas pagan con su libertad la protesta contra un gobierno cada vez más autoritario. Y muchas más tienen régimen de presentación, prohibición de salida del país y hasta prohibición de hablar, twittear o comunicarse por ningún medio.

El gobierno  venezolano presentará su “examen final”  ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, este jueves 16 de marzo. El estado venezolano, representado por el embajador Jorge Valero, deberá dar respuesta nada menos que a 274 recomendaciones hechas por los países miembros en la primera etapa de este examen, en noviembre de 2015. Éste es el examen de la ONU que juzga cómo Venezuela, o sea, el gobierno de Nicolás Maduro, se ha comportado en materia de derechos humanos con sus gobernados.

En el anterior examen, en el año 2011, el gobierno del finado Chávez recibió 148 recomendaciones. En su derecho de aceptar o no la puesta en práctica de estas recomendaciones, el gobierno chavista aceptó 97… la mayoría de las cuales no cumplió. Pero los venezolanos sí han cumplido con la consignación de informes que dan cuenta de la abierta violación de derechos fundamentales, como el respeto a la vida, al acceso a bienes y servicios, a la libertad de expresión y al ejercicio de derechos políticos. 170 organizaciones de la sociedad civil enviaron al Consejo de DD.HH. 54 informes que prueban con estadísticas, testimonios y hechos incuestionables la terrible crisis humanitaria que sufren los venezolanos.

Sin duda uno de los puntos álgidos que enfrenta el gobierno y que ha hecho caer internacionalmente su disfraz de demócrata, es la existencia de presos políticos. Según la definición adoptada en 2012 por el Consejo Europeo, un preso es un preso político cuando su encarcelamiento y condena van en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de garantías fundamentales, como la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y la libertad de asociación; cuando la detención ocurrió por razones puramente políticas, no relacionadas con un delito; cuando la duración del encarcelamiento o las condiciones carcelarias por razones políticas evidentemente no están proporcionadas al delito; si la persona está en prisión por razones políticas en forma discriminatoria en comparación con otras personas o si la detención es el resultado de procesos claramente injustos y parece estar relacionada con razones políticas del gobierno. Una persona también puede ser un preso político cuando por parte de las autoridades había un motivo político para encarcelarlo y si la sentencia fue totalmente desproporcionada en relación con el delito o el procedimiento fue claramente injusto.

Esta definición encaja perfectamente en las motivaciones y circunstancias de la privación de libertad a los 116 presos políticos que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene en sus calabozos. Según el Foro Penal venezolano, ONG de abogados y voluntarios que asisten gratuitamente a los detenidos, 41  fueron detenidos por manifestar: 2 por tuitear; 2 acusados de “rebelión civil”; 30 por  “rebelión militar”; 43 por sospechas, sembrados de armas o explosivos, estar en el sitio equivocado en el momento equivocado o, como el profesor universitario Santiago Guevara, por ser amigo del temido general Raúl Baduel, a quien acusan nuevamente de crímenes de rebelión para mantenerlo encerrado, aunque ya cumplió su sentencia de casi 8 años.

Dos alcaldes, Delson Guarate y Antonio Ledezma, permanecen presos mientras que otros como Enzo Scarano y Daniel Ceballos fueron encarcelados y destituidos de sus cargos por juicios sumarios totalmente inconstitucionales. Los comisarios Forero, Vivas y Simonovis y los policías metropolitanos encarcelados por crímenes que no cometieron el 11 de abril de 2002, aún no gozan de medidas de libertad que les corresponden al haber cumplido ya gran parte de sus condenas. Aberrante, como el caso Yon Goicochea, que tiene boleta de excarcelación hace 4 meses y no lo liberan.

El gobierno del heredero de Chávez ha superado con creces el número y forma de encarcelamientos por razones políticas. Casi 7.000 venezolanos han sido detenidos en los últimos 3 años por su oposición al régimen.  O, como en el caso del editor Braulio Jattar, publicar noticias que no agradan a los gobernantes. El diputado Gilbert Caro está detenido, aun sin fórmula de juicio, en violación a su inmunidad parlamentaria y a su derecho a la defensa. Su amiga Steicy Escalona es una de las once presas políticas. El 23 de marzo su causa va a juicio y pueden acusarla de “rebelión militar”. A Caro y a Steicy les sembraron un arma y explosivo C-4. Esta muchacha vive desde hace 7 años en Suiza, donde es maestra, y solo viene a Venezuela a pasar  Navidades.

Detenidas en cárceles, comisarías y  hasta en el Sebin, estas presas políticas son una inmensa mancha de horror sobre el gobierno de Maduro. Andrea González, detenida arbitrariamente en el Helicoide desde 2015. La maestra Betty Grossi, presa y sin juicio desde hace dos años. Carmen Alicia Gutiérrez, detenida junto a su esposo hace más de dos años. La capitana Laided Salazar,  condenada a 8 años de prisión sin pruebas de su presunta conspiración. María Elena Uzcátegui, detenida desde 2014 por refugiar en su casa a unos jóvenes perseguidos por la policía en una manifestación. La Polichacao María Pérez permanece detenida en el Helicoide pese a que tiene boleta de excarcelación desde hace 6 meses. Las estudiantes María Francia Graterol y Yermania Perdomo, detenida esta última en Poliaragua.  Yelut Naspe, contadora pública detenida arbitrariamente en el Helicoide desde 2015. Venus Medina, quien sigue detenida en el Helicoide pese a su boleta de excarcelación.

Las 274  recomendaciones hechas a Venezuela en materia de derechos humanos contemplan la liberación de los presos y presas políticos, la solución a la crisis alimentaria y de medicinas, el respeto a la autonomía de los poderes y en especial de la Asamblea Nacional, el cese al cerco a los medios de comunicación y el monopolio del papel periódico. Y por supuesto, medidas de protección a la vida de los ciudadanos. La cifra de 275.000 venezolanos asesinados en los últimos 17 años, estremece al Consejo de DD.HH., donde este jueves, el gobierno venezolano dirá cuáles recomendaciones aceptará. Tareck William Saab no intervendrá, ya que la Defensoría fue rebajada a categoría B porque no pudo demostrar su independencia del gobierno y no tiene derecho a voz en instancias de la ONU.

La violación de derechos que no prescriben raspará a este mal gobierno. En Ginebra el jueves y muy pronto en Venezuela.

Ella es Steicy Escalona, una de las 11 presas políticas del gobierno de Venezuela. Vive desde hace 7 años en Suiza y vino a pasar navidades con su familia. Fue detenida con el diputado Gilbert Caro y ahora podría enfrentar cargos por “rebelión militar”.

Charitorojas2010@hotmail.com

@charitorojas

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